La Comisión de Derechos Humanos de AABA organizó la capacitación sobre la defensa de privados de la libertad en nuestra Asociación.
 
El encuentro contó con las exposiciones de Héctor Rodríguez, de la Comisión DDHH AABA; Ricardo Huñis, de la Comisión de Derecho penal; Ariel Cejas Meliare, Procurador penitenciario adjunto interino PPN; y Gastón Barreiro, Defensor de la Cámara Federal de La Plata.
 
La entrada fue libre y gratuita, y la actividad contó con gran cantidad de participantes. 

El pasado 11 de noviembre finalizó el curso de 20 horas presenciales sobre mediación y género que organizó la Escuela de mediación de AABA.
 
El curso estuvo a cargo de la Dra. Adriana Sylvia Abrameto, abogada, mediadora, Diplomada en género, diversidad familiar y tecnologías, también Magister en familias y sociedad.
 
Durante los cuatro encuentros, la capacitación abordó la gestión de conflictos desde la perspectiva de género: feminismo vs. patriarcado, Derechos Humanos, nuevos aportes feministas, análisis de los conflictos desde una perspectiva de género, poder y violencia, la transformación de los conflictos desde la visión de género, entre otros.
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En la próxima edición de Aire de justicia hablamos sobre el plan nacional de control del cáncer 2018-2022.
 
Para eso, recibimos a la Dra. Julia Ismael, Directora del Instituto Nacional del Cáncer, y una de las principales protagonistas de su elaboración, quien charló con Sergio Iribarren Pugach, Presidente de la Comisión de Derecho Sanitario de AABA.
 
Escuchá Aire de justicia todos los domingos de 11 a 13 por Radio UBA.


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Nuestra Asociación recibió al Dr. Luis Lozano, Juez del Superior Tribunal de la Ciudad, para conversar con nuestra Comisión Directiva sobre la autonomía porteña y la transferencia de la justicia.

Nuestra Asociación firmó un convenio con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para la realización de actividades en conjunto.

La firma se desarrolló en la sala de reuniones del Consejo de la Magistratura de CABA entre su Presidente, Alberto Maques, y el Presidente de AABA, Juan Pablo Zanetta, y contó con la presencia de los consejeros Raúl Alfonsín y Ana Salvatelli (Coordinadora General de la Editorial Jusbaires), Alejandra García e Ignacio Sánchez Figueroa (miembro de la Comisión Directiva de la AABA).

El convenio de cooperación tiene por objetivo la realización de actividades conjuntas: conferencias, seminarios, coloquios y cursos, espacios de reflexión y formulación de propuestas y proyectos de mutuo beneficio, así como también la difusión de información estadística e investigaciones y la organización de actividades de estudio y capacitación con los equipos técnicos de cada institución.
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Empezamos a palpitar el verano con increíbles propuestas para los asociados de AABA.
 
No te pierdas los beneficios que la Asociación ofrece para los amantes de viajar.
 
Grecia, Italia, Brasil, Cuba, Costa atlántica, Patagonia argentina y Córdoba son algunos de los destinos para este 2019/2020. Hacé click aquí y conocé todos.

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La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que promueve la creación de la Cámara de apelaciones y la justicia de primera instancia en las relaciones con consumo de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Agradecemos a todas las socias y socios que trabajaron en la iniciativa. Los mantendremos al tanto de las novedades. 

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La Asociación de Abogados de Buenos Aires manifiesta su preocupación por la falta de implementación del fuero especial para las relaciones de consumo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
El derecho de usuarios y consumidores, por su propia naturaleza y por mandato constitucional, requiere de mecanismos y procedimientos que atiendan adecuadamente la situación de desigualdad de las partes que no encuentran solución a sus conflictos en los sistemas tradicionales. Los procedimientos de consumo deben dar una respuesta a los reclamos en tiempo, modo y condiciones de acceso que no desnaturalicen la protección de los derechos de los consumidores.
 
Las directrices para la defensa del consumidor de las Naciones Unidas establecen que los gobiernos de los Estados miembros deben desarrollar políticas enérgicas de protección del consumidor (artículo 2) y diseñar infraestructuras adecuadas para aplicarlas (artículo 4). Por su parte, la Constitución Nacional ordena la existencia de procedimientos eficaces para los conflictos de consumo (art. 42).
 
La Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24240 (de orden público) y el Código Civil y Comercial de la Nación, en concordancia con otras normas complementarias y reglamentarias, determinan las características del sistema de soluciones para la satisfacción de los derechos de los consumidores. La referida normativa, de competencia nacional, regula materias de fondo (contratos, daños y perjuicios, garantías, deberes y responsabilidades de los proveedores, prestación de los servicios públicos, entre otros temas).
 
No obstante ello, es atribución local el establecimiento de los llamados “derechos instrumentales” que hacen a la implementación de la protección, destinada a permitir a los consumidores hacer valer en lo concreto, en forma real y efectiva, los derechos que la ley les otorga y el debido resguardo de los bienes jurídicos protegidos y valores comprendidos en la legislación de fondo.
 
La necesidad de la existencia de una instancia judicial con competencia especial en relaciones de consumo tiene su base en el deber del Estado en materia de garantías para sus habitantes de proporcionarles ámbitos de solución de conflictos con magistrados especializados y procedimientos adecuados que otorguen una respuesta rápida, eficaz y sin ritualismos excesivos.
 
En 2014 la Ley Nacional 26.993 creó el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de Consumo del que solamente se puso en funcionamiento la instancia de conciliación previa, COPREC, como paso obligatorio para peticionar ante la justicia en las relaciones de consumo. El resto de los institutos creados por esta ley nunca fueron implementados.
 
Es preciso señalar en este punto que el encuadramiento de creación de este fuero se realizó dentro de la mal llamada “justicia nacional”, huésped sui generis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y rémora permanente de las deudas de la autonomía prevista desde 1994 por el art. 129 de la Constitución Nacional, mediante un “contrafederalismo” de centralización.
 
En 2016 y sujeto a ratificación de la Legislatura de la CABA y del Congreso Nacional, los gobiernos respectivos suscribieron el convenio de traspaso de la justicia en las relaciones de consumo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La legislatura local ha honrado esa ratificación, pero en sede nacional aún no ha sido tratada, pese a contar con dictamen favorable en comisión.
 
Es necesario destacar que nuestra Ciudad puede ser pionera con el primer fuero especial de consumo ya que cuenta con un régimen tuitivo del consumidor consolidado legislativamente a nivel nacional, con riquísima normativa local y un sendero de interpretación por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que en la esfera de su competencia ha contribuido a fijar criterios protectorios de envergadura; con una defensoría del pueblo persistente en la defensa y difusión de estos derechos; con un ente único que ha desarrollado la regulación de los servicios públicos de la jurisdicción y que con el proceso de transferencia de los servicios públicos domiciliarios requerirá nuevos mecanismos de intervención y protección a los usuarios; es sede, además, de muchas asociaciones de consumidores, que desde la sociedad civil promueven activamente la defensa de los consumidores y usuarios.
 
Y sumado a la participación de un ministerio público proactivo con el fuero especial judicial, concluimos que se encuentra en las mejores condiciones para diseñar e implementar un modelo de gestión judicial para la protección de los sujetos de este derecho cotidiano, vehículo de satisfacción de las necesidades humanas y sociales.
 
Por las razones expuestas, la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) insta a la pronta puesta en marcha de esta herramienta de justicia y ciudadanía, imprescindible para la protección de los derechos fundamentales de los consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron tres hermanas luchadoras contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana hacia fines de la década del ´50. Fueron brutalmente asesinadas por el régimen el 25 de noviembre de 1960. Pasaron a la historia como “las Mariposas” como se las conocía en la organización forzosamente clandestina de la que formaron parte.

Fue en su recuerdo y reivindicación que, en 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  instituyó dicha fecha como Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Quizá esta verdad histórica sea ampliamente conocida. No por ello resulta menos importante tenerla presente.

Recordar por ejemplo, con un valor particular para nuestra Asociación, que Minerva Mirabal fue abogada, doctora en derecho y una de las primeras mujeres en obtener dicho título en su país.

Las Mariposas fueron víctimas de violencia política encarnizada por su condición de mujeres insurrectas. En nuestro país también hemos sabido mucho de ese tipo de violencia. Sin embargo la ley 26485 no la contempla. En abril de 2019 el Senado de la Nación aprobó un proyecto  que incorpora esta forma de violencia a la ley integral, pero aún no ha sucedido lo propio en diputados. Consideramos que sería muy positivo incorporarla a la legislación.

También es una asignatura pendiente y de primerísimo orden la incorporación de la violencia y acoso laboral particularmente en el ámbito regido por la Ley de Contrato de Trabajo. Un primer paso pero fundamental sería la ratificación por nuestro país del Convenio 190 recientemente aprobado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

El 25 de noviembre no solo es un día para llamar la atención sobre la violencia machista en todas sus formas, sino también para reclamar vivamente la implementación de políticas públicas para prevenirla y erradicarla, señalando con toda claridad y firmeza que sin presupuesto ninguna política puede dejar de ser una declamación de campaña para pasar a ser una realidad concreta.


Buenos Aires, 25 de noviembre de 2019.-