Esta semana se cumplieron 7 años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como fallo “FAL”. En esta sentencia, la Corte zanjó la discusión acerca del alcance de la no punibilidad del aborto prevista en el art. 86 del Código Penal, y sentó doctrina señalando que abarcaba a toda mujer con un embarazo producto de violencia sexual o que significara peligro para su vida o su salud.
Es fundamental la explicitación de la innecesariedad de la denuncia penal, de la intervención de más de un profesional de la salud, ni de la autorización judicial. Además, señala que obstaculizar el acceso al aborto no punible es un acto ilegal que conlleva responsabilidad para los médicos y/o funcionarios judiciales.
El fallo contiene también una exhortación a la elaboración de protocolos de actuación en cada provincia a los fines de garantizar el acceso al aborto no punible. La aceptación a esta indicación de la Corte tuvo resultados contradictorios y complejos en la práctica porque algunas jurisdicciones (por ejemplo CABA) extralimitaron sus facultades haciéndolo más restrictivo e incluyendo requisitos que alteraban los principios consagrados en el fallo. Por otra parte, hay 7 provincias que aún no tienen protocolo (no han adherido al nacional ni han elaborado uno propio).
Lamentablemente los sucesos recientes en Jujuy y Tucumán demuestran que lejos está aún la posibilidad de acceder plenamente a este derecho de las mujeres -que no existe a partir de FAL sino desde el año 1921- y el nefasto rol que los funcionarios públicos del altísimo rango han cumplido en estos casos.
También en este mismo mes se cumplieron 9 años de la sentencia del Tribunal Superior del Chubut que autorizó el aborto a la niña violada en el caso FAL gracias a la tenaz abogada Sandra Grilli. Hoy Sandra vive en Cholila, un pueblito del interior de Chubut. Desde la Comisión de la Mujer de AABA deseamos reconocer a la colega por su lucha y compromiso.
Es fundamental la explicitación de la innecesariedad de la denuncia penal, de la intervención de más de un profesional de la salud, ni de la autorización judicial. Además, señala que obstaculizar el acceso al aborto no punible es un acto ilegal que conlleva responsabilidad para los médicos y/o funcionarios judiciales.
El fallo contiene también una exhortación a la elaboración de protocolos de actuación en cada provincia a los fines de garantizar el acceso al aborto no punible. La aceptación a esta indicación de la Corte tuvo resultados contradictorios y complejos en la práctica porque algunas jurisdicciones (por ejemplo CABA) extralimitaron sus facultades haciéndolo más restrictivo e incluyendo requisitos que alteraban los principios consagrados en el fallo. Por otra parte, hay 7 provincias que aún no tienen protocolo (no han adherido al nacional ni han elaborado uno propio).
Lamentablemente los sucesos recientes en Jujuy y Tucumán demuestran que lejos está aún la posibilidad de acceder plenamente a este derecho de las mujeres -que no existe a partir de FAL sino desde el año 1921- y el nefasto rol que los funcionarios públicos del altísimo rango han cumplido en estos casos.
También en este mismo mes se cumplieron 9 años de la sentencia del Tribunal Superior del Chubut que autorizó el aborto a la niña violada en el caso FAL gracias a la tenaz abogada Sandra Grilli. Hoy Sandra vive en Cholila, un pueblito del interior de Chubut. Desde la Comisión de la Mujer de AABA deseamos reconocer a la colega por su lucha y compromiso.
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