La Asociación de Abogados de Buenos Aires –AABA– manifiesta su firme oposición al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación por el cual se propone la modificación de la ley 11.683, integrando a profesionales Contadores Públicos a las Salas Aduaneras del Tribunal Fiscal de la Nación.
Por mandato de la ley 20.626, las Salas Aduaneras son actualmente integradas exclusivamente por abogados y esto no debe ser modificado. Ya hubo intentos en el pasado de integrar estos Tribunales con Contadores Públicos y siempre el legislador entendió que esto resulta incorrecto desde el punto de vista legal y que esta iniciativa pone en peligro el derecho de los contribuyentes, de la seguridad jurídica general y de la validez y calidad de las propias decisiones de este Tribunal. No hay ninguna razón para modificar la ley en este aspecto.
En efecto, el artículo 1025 del Código Aduanero fija la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación en materia aduanera, estableciendo su jurisdicción para atender los recursos legales contra resoluciones administrativas emitidas en procedimientos de impugnación, infracciones, repetición y otros. Los planteos recursivos que recibe el Tribunal Fiscal están siempre relacionados con la interpretación y encuadre normativo de cuestiones de forma y fondo sucedidos en la instancia administrativa. Todas estas discusiones requieren para su resolución de conocimientos y experiencia de profesionales del derecho. Las resoluciones del Tribunal Fiscal deben basarse en Derecho, entendido este como un todo, incluyendo el derecho público y el privado. No puede admitirse aquí, como en ninguna disciplina jurídica, la existencia de compartimentos estancos que lleven a tomar decisiones que resulten ajenas al sistema legal general. Esta visión abarcadora de toda la normativa legal solo puede ser conocida por quienes han recibido la formación completa del derecho y que el mismo Estado habilitó para ejercer la profesión de la abogacía.
El proyecto al cual nos oponemos afecta las incumbencias profesionales de los abogados pero también perjudica a los contribuyentes. Ellos serán quienes verán afectados sus derechos por que sus planteos recursivos sean analizados por quienes no tienen el conocimiento ni la preparación técnica para hacerlo.
Por mandato de la ley 20.626, las Salas Aduaneras son actualmente integradas exclusivamente por abogados y esto no debe ser modificado. Ya hubo intentos en el pasado de integrar estos Tribunales con Contadores Públicos y siempre el legislador entendió que esto resulta incorrecto desde el punto de vista legal y que esta iniciativa pone en peligro el derecho de los contribuyentes, de la seguridad jurídica general y de la validez y calidad de las propias decisiones de este Tribunal. No hay ninguna razón para modificar la ley en este aspecto.
En efecto, el artículo 1025 del Código Aduanero fija la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación en materia aduanera, estableciendo su jurisdicción para atender los recursos legales contra resoluciones administrativas emitidas en procedimientos de impugnación, infracciones, repetición y otros. Los planteos recursivos que recibe el Tribunal Fiscal están siempre relacionados con la interpretación y encuadre normativo de cuestiones de forma y fondo sucedidos en la instancia administrativa. Todas estas discusiones requieren para su resolución de conocimientos y experiencia de profesionales del derecho. Las resoluciones del Tribunal Fiscal deben basarse en Derecho, entendido este como un todo, incluyendo el derecho público y el privado. No puede admitirse aquí, como en ninguna disciplina jurídica, la existencia de compartimentos estancos que lleven a tomar decisiones que resulten ajenas al sistema legal general. Esta visión abarcadora de toda la normativa legal solo puede ser conocida por quienes han recibido la formación completa del derecho y que el mismo Estado habilitó para ejercer la profesión de la abogacía.
El proyecto al cual nos oponemos afecta las incumbencias profesionales de los abogados pero también perjudica a los contribuyentes. Ellos serán quienes verán afectados sus derechos por que sus planteos recursivos sean analizados por quienes no tienen el conocimiento ni la preparación técnica para hacerlo.
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