2016-11
05-07-2016
Declaración de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Nuestro Rol en el llamado
“Programa de reparación histórica a los Jubilados”
Hoy no estaríamos hablando del “Programa de Reparación” si durante más de tres décadas no hubieran existido abogadas y abogados independientes que acompañaron a jubilados y pensionados en sus reclamos, soportando todo tipo de chicanas administrativas y legislativas para prolongar los juicios. Cuando se cuestiona la eficacia o el costo de un asesoramiento independiente, ese ataque a la abogacía es el primer paso para vulnerar los derechos de los jubilados. Hoy más que nunca, revalorizamos el rol de la abogacía en la restitución de derechos.
Este programa tiene por objeto la implementación de acuerdos que permitan reajustar haberes y cancelar deudas para poder poner fin a una gran cantidad de pleitos que colapsan los tribunales.
Más allá de señalar que resulta insólito que el objeto de un Programa de Reparación sea la implementación de acuerdos y no –precisamente- el de reparar el haber, llama poderosamente la atención que al tratar el tema de la oferta global, políticos y periodistas hagan eje en el dinero que van a recibir abogadas y abogados como si todo el trabajo fuera refrendar con nuestra firma un acuerdo del dinero que graciosamente ofrece el Estado.
Sin duda este enfoque está absolutamente equivocado. La oferta que se hace en esta oportunidad no está definida como una política de Estado en materia previsional destinada al correcto pago de los haberes jubilatorios; se trata de un aumento jubilatorio, por fuera del ordenado por la Ley de Movilidad, condicionando su percepción al desistimiento de las acciones judiciales.
Hoy no estaríamos hablando del PROGRAMA DE REPARACIÓN si durante más de tres décadas no hubieran existido abogadas y abogados independientes que asistieron y acompañaron a jubilados y pensionados en sus reclamos judiciales, soportando todo tipo de chicanas administrativas y legislativas para prolongar el juicio. Todas las mejoras que se otorgaron en los últimos años han sido como consecuencia de lo ordenado en miles de sentencias judiciales; ejemplo de ello es el dictado de la Ley de Movilidad del año 2009. Sin estos fallos, requeridos por los jubilados con el patrocinio y los fundamentos jurídicos de abogados, el poder seguiría dando aumentos jubilatorios arbitrarios según su saber y entender.
EL ALTO COSTO DE ESTA LITIGIOSIDAD NO LO GENERA LA ABOGACÍA CON SUS DEMANDAS NI LA JUSTICIA CON SUS SENTENCIAS, sino el ESTADO QUE SE RESISTE A CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL.
Si no existe una abogacía independiente y una justicia independiente, el derecho queda a merced de que quien lo tenga que pagar decida cuál es. Hoy el gobierno no hace este reconocimiento solo parcial de deuda porque quiere sino porque tiene más de 500.000 juicios en trámite que sabe que tiene que pagar.
La abogacía tiene un rol fundamental en la defensa y restitución de derechos, y esto no solo en materia previsional. Por eso, es nuestro deber señalar que, cuando se pone en tela de juicio la eficacia de un asesoramiento independiente o se cuestiona su costo, este ataque a la abogacía al intentar destruir la confianza de la sociedad en quien la tiene que asistir en defensa de sus derechos, es el primer paso para vulnerar esos derechos.
Los abogados no "inventamos" juicios. Los crea el Estado, desde hace más de 35 años, como una forma de dilatar sus obligaciones con la clase pasiva.
Invitamos a los comunicadores sociales a sumarse a nuestra campaña y terminar con la desconfianza que generan en quienes recurrieron a nosotros cuando el Estado se negaba sistemáticamente a pagarles un correcto haber jubilatorio.
Dr. Guillermo Goldstein Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez
Secretario General A/C presidencia
05-07-2016
Declaración de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Nuestro Rol en el llamado
“Programa de reparación histórica a los Jubilados”
Hoy no estaríamos hablando del “Programa de Reparación” si durante más de tres décadas no hubieran existido abogadas y abogados independientes que acompañaron a jubilados y pensionados en sus reclamos, soportando todo tipo de chicanas administrativas y legislativas para prolongar los juicios. Cuando se cuestiona la eficacia o el costo de un asesoramiento independiente, ese ataque a la abogacía es el primer paso para vulnerar los derechos de los jubilados. Hoy más que nunca, revalorizamos el rol de la abogacía en la restitución de derechos.
Este programa tiene por objeto la implementación de acuerdos que permitan reajustar haberes y cancelar deudas para poder poner fin a una gran cantidad de pleitos que colapsan los tribunales.
Más allá de señalar que resulta insólito que el objeto de un Programa de Reparación sea la implementación de acuerdos y no –precisamente- el de reparar el haber, llama poderosamente la atención que al tratar el tema de la oferta global, políticos y periodistas hagan eje en el dinero que van a recibir abogadas y abogados como si todo el trabajo fuera refrendar con nuestra firma un acuerdo del dinero que graciosamente ofrece el Estado.
Sin duda este enfoque está absolutamente equivocado. La oferta que se hace en esta oportunidad no está definida como una política de Estado en materia previsional destinada al correcto pago de los haberes jubilatorios; se trata de un aumento jubilatorio, por fuera del ordenado por la Ley de Movilidad, condicionando su percepción al desistimiento de las acciones judiciales.
Hoy no estaríamos hablando del PROGRAMA DE REPARACIÓN si durante más de tres décadas no hubieran existido abogadas y abogados independientes que asistieron y acompañaron a jubilados y pensionados en sus reclamos judiciales, soportando todo tipo de chicanas administrativas y legislativas para prolongar el juicio. Todas las mejoras que se otorgaron en los últimos años han sido como consecuencia de lo ordenado en miles de sentencias judiciales; ejemplo de ello es el dictado de la Ley de Movilidad del año 2009. Sin estos fallos, requeridos por los jubilados con el patrocinio y los fundamentos jurídicos de abogados, el poder seguiría dando aumentos jubilatorios arbitrarios según su saber y entender.
EL ALTO COSTO DE ESTA LITIGIOSIDAD NO LO GENERA LA ABOGACÍA CON SUS DEMANDAS NI LA JUSTICIA CON SUS SENTENCIAS, sino el ESTADO QUE SE RESISTE A CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL.
Si no existe una abogacía independiente y una justicia independiente, el derecho queda a merced de que quien lo tenga que pagar decida cuál es. Hoy el gobierno no hace este reconocimiento solo parcial de deuda porque quiere sino porque tiene más de 500.000 juicios en trámite que sabe que tiene que pagar.
La abogacía tiene un rol fundamental en la defensa y restitución de derechos, y esto no solo en materia previsional. Por eso, es nuestro deber señalar que, cuando se pone en tela de juicio la eficacia de un asesoramiento independiente o se cuestiona su costo, este ataque a la abogacía al intentar destruir la confianza de la sociedad en quien la tiene que asistir en defensa de sus derechos, es el primer paso para vulnerar esos derechos.
Los abogados no "inventamos" juicios. Los crea el Estado, desde hace más de 35 años, como una forma de dilatar sus obligaciones con la clase pasiva.
Invitamos a los comunicadores sociales a sumarse a nuestra campaña y terminar con la desconfianza que generan en quienes recurrieron a nosotros cuando el Estado se negaba sistemáticamente a pagarles un correcto haber jubilatorio.
Dr. Guillermo Goldstein Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez
Secretario General A/C presidencia
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